La gobernanza competitiva, también llamada competencia regulatoria o competencia política, es un fenómeno en el derecho, la economía y la política relacionado con el deseo de los legisladores por competir entre sí para atraer negocios u otros actores para que operen en su jurisdicción.
¿Qué pasaría si los gobiernos compitieran por tí de la misma manera en que lo hacen los negocios? Los gobiernos competidores tendrían que hacer sus productos y servicios más rápidos, más accesibles, mejores, y más efectivos, o sus clientes-ciudadanos elegirían a otro gobierno que estuviera haciendo un mejor trabajo. ¿Qué sucedería si un sistema de gobernanza pudiera ser un producto en sí mismo? ¿Y si pudiéramos tener ciudades autónomas, cada una con un sistema de gobernanza distinto, incluyendo distintas leyes e impuestos? Podrías buscar la ciudad que se adapte a tus necesidades de mejor manera, de la misma forma en que eliges un restaurante para ir a cenar caminando por un zona de restaurantes o una calle concurrida. Bueno, es posible en nuestro tiempo. Más en la siguiente publicación.
Es una realidad asombrosa que está disponible para nosotros en los países que tienen Zonas Económicas Especiales (ZEEs). En 2021, hay aproximadamente 4,300 ZEEs operando en un 75% de los países a nivel mundial. De acuerdo con la Revista de Jurisdicciones Especiales (Convocatoria de trabajos de 2020-06-10) “En años recientes, más Zonas se han enfocado en reformas institucionales, legales y regulatorias. Ahora, la versión más atrevida es la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs). Las ZEDEs permiten que compañías privadas creen ZEEs con sus propios sistemas administrativos, legales, regulatorios y de impuestos.”
Las jurisdicciones especiales como las ZEDE, ofrecen una herramienta con la cual los países pueden poner a prueba sus leyes, implementar las mejores prácticas internacionales, y asegurar su competitividad para el siglo 21. La competencia entre jurisdicciones especiales encarna los mejores aspectos de la competencia de mercado, asegurando que las prácticas exitosas se adopten rápidamente.
También podemos decir que es mucho más fácil responsabilizar al gobierno en una ciudad que es propiedad de una empresa privada. En una ciudad privada, los derechos y obligaciones entre cada residente y “el operador” que proporciona servicios gubernamentales, están sellados en un acuerdo escrito. Este contrato se convierte en un incentivo de la ciudad privada con fines de lucro para tratar a sus clientes bien, ya que cualquier residente puede demandar a su operador gubernamental si se viola el contrato. Escuchemos al emprendedor alemán con una doctorado en legislación internacional, Dr. Titus Gebel, quien habla sobre esta y otras oportunidades que el concepto de la ciudad privada abre al ciudadano promedio en el siguiente video corto.
Ciudades privadas gratis, con el Dr. Titus Gebel (elige subtítulos en español):
Si eres un lector entusiasta y quieres aprender más, consulta el libro de Titus Gebel “Ciudades Privadas Libres: Más competencia en el Mayor Mercado del Mundo”.